Lo que se pretende a lo largo de este breve texto es explicar las características de la televisión de titularidad pública, y concretamente en tiempos electorales, para que mis alumnos de oposiciones aprendan un poco en base a un hecho real y así, no se me duermen tanto. Por tanto es puro hilo jurídico (o madeja).
En primer lugar vamos a hacer referencia a la normativa constitucional que nos ocupa en este caso; después, en una segunda parte a las normas del sector audiovisual que hagan referencia a la TV estatal; continuaremos con breve referencia a la norma del Régimen Electoral General, sin olvidarnos del Mandato-Marco como cuarta parte.
PRIMERO: QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Para empezar, debemos acudir a uno de nuestros artículos favoritos de la Constitución Española, el artículo 20 y os lo pongo entero (porque nunca os lo sabéis entero):
Artículo 20
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
La clave, para este caso, la encontramos en el apartado tercero de dicho artículo. ¿El partido político en cuestión es significativo? La respuesta, atendiendo a resultados electorales, es sí. Es más, la Instrucción 4/2011 de la Junta Electoral Central, modificada por la Instrucción 1/2015, de la que hablaremos posteriormente, establece en su apartado cuarto, punto 2.3, cuándo una formación puede considerarse grupo político significativo. Spoiler: los que obtuvieron, al menos, el 5% de los votos válidos emitidos sin representación anterior pero es que este partido ya está en el Parlamento, por lo que sí es un partido político significativo.
Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: si tenemos un artículo constitucional que nos remite a una ley, ¿que ley regula la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado?
SEGUNDO: NORMAS AUDIOVISUALES
¡Efectivamente! La Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal.
Pero no solo, también la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
Vayamos por normas:
Comenzando por la primera, en su artículo 2 ya encontramos que la radio y televisión estatales son un servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas que tiene por objeto la producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio y televisión con programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público, cubriendo todos los géneros y destinadas a satisfacer necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad española; difundir su identidad y diversidad culturales; impulsar la sociedad de la información; promover el pluralismo, la participación y los demás valores constitucionales, garantizando el acceso de los grupos sociales y políticos significativos.
Además, añade el artículo 3 que se atribuye a la Corporación de Radio y Televisión Española, S. A., Corporación RTVE, la gestión del servicio público de radio y televisión en los términos que se definen en esta Ley y que dicha Corporación, en el ejercicio de sus función de servicio público, deberá, entre otras cosas:
a) Promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales y los valores cívicos.
b) Garantizar la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social e ideológico presente en nuestra sociedad, así como a la norma de distinguir y separar, de forma perceptible, la información de la opinión.
c) Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones.
d) Promover la participación democrática mediante el ejercicio del derecho de acceso.
Como decía, entre otros, fundamentales para la sociedad española contemporánea, como son la promoción de los valores de la paz o preservar los derechos de los menores, pero no voy a entrar ahora en las otras dos noticias tremendas de la semana.
Así, tenemos una tele de titularidad estatal, que se entiende como servicio esencial y que gestiona la Corporación de RTVE.
Sigamos: el Artículo 28 en su apartado primero dispone que la Corporación RTVE asegurará en su programación la expresión de la pluralidad social, ideológica, política y cultural de la sociedad española.
Pero, ¡atención! porque el artículo 26 estipula que: Durante los procesos electorales será de aplicación la legislación electoral. El órgano de comunicación con la Administración electoral será el Consejo de Administración de la Corporación RTVE a través de su Presidente.
-¡Oh no! ¡Nos remite a otra norma!
– Sí, a la LOREG.
(Me encanta ser vuestra preparadora y leeros la mente.)
Con respecto a la segunda norma mencionada varios párrafos más arriba, la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, tiene sus cositas que aportar, concretamente debemos acudir al TÍTULO III. La prestación del servicio público de comunicación audiovisual pero vamos aquí a ceñirnos a los primeros dos artículos.
El artículo 50 nos presenta una estupenda definición de lo que es un servicio público, leed:
Artículo 50. Definición de servicio público de comunicación audiovisual.
El servicio público de comunicación audiovisual es un servicio esencial de interés económico general, prestado por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales según lo dispuesto en el artículo 53, consistente en la producción, edición y difusión de programas, contenidos y servicios audiovisuales diversos, para todo tipo de públicos y de todo tipo de géneros, a través de servicios de comunicación audiovisual televisivos y radiofónicos y servicios de televisión conectada.
Y en el artículo 51 encontramos la misión:
Artículo 51. Misión del servicio público de comunicación audiovisual.
El servicio público de comunicación audiovisual tiene como misión:
a) Difundir programas que fomenten los principios y valores constitucionales y, en especial, el de igualdad, con inclusión de la igualdad entre mujeres y hombres, el de libertad de información y la libertad de expresión, contribuyendo a la formación de una opinión pública plural.
b) Reflejar en la programación el pluralismo político, social y cultural de la sociedad.
c) Promover el acceso al conocimiento cultural, científico, histórico y artístico de la sociedad, así como satisfacer sus necesidades informativas, culturales, educativas y de entretenimiento con programas de calidad, así como con programas especialmente dirigidos a la infancia, y a la alfabetización mediática de la ciudadanía.
d) Dar a conocer la diversidad cultural y lingüística.
Por tanto, vemos que sí, que La 1, canal en el que se emite La Revuelta, tiene unos principios que respetar.
TERCERO: LA LOREG
Ahora no nos queda otra que irnos a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, atendiendo a su artículo 66, que se refiere a periodo electoral y ¿estamos en periodo electoral? Sí:
Artículo sesenta y seis. Garantía de pluralismo político y social.
1. El respeto al pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa en la programación de los medios de comunicación de titularidad pública en período electoral, serán garantizados por la organización de dichos medios y su control previstos en las Leyes. Las decisiones de los órganos de administración de los referidos medios en el indicado periodo electoral son recurribles ante la Junta Electoral competente de conformidad con lo previsto en el artículo anterior y según el procedimiento que la Junta Electoral Central disponga.
2. Durante el periodo electoral las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad. Asimismo, en dicho periodo, las televisiones privadas deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las Instrucciones que, a tal efecto, elabore la Junta Electoral competente.
Os pongo la segunda parte del artículo para que veas que, el primer apartado indica que el respeto al pluralismo político en los medios de comunicación de titularidad pública en período electoral, serán garantizados por la organización de dichos medios y su control previstos en las Leyes; en cambio para las privadas es un “deberán respetar”. No es lo mismo ¿verdad?
¡PERO NO QUEDA AHÍ LA COSA! No os durmáis todavía porque, algo que pensábamos quizá aclarado, necesitó de una auténtica aclaración a través de una Instrucción de la Junta Electoral Central, concretamente:
Y se estipuló todo tanto para medios públicos como privados.
CUARTO: FINAL DE LA HISTORIA
¿Y todo esto se puede aplicar a un programa de entretenimiento?
Pues opoalumnos: sí, porque aunque no os lo he dicho, nos quedaba por ver el Mandato Marco, un documento que, de acuerdo con el artículo 4 de la primera norma que hemos visto, aprueban las Cortes Generales, en el que se concretarán los objetivos generales de la función de servicio público que tiene encomendados.
BOOM
Y qué dice ese dichoso Mandato Marco, bueno pues sorpréndete porque el vigente ya tiene edad para beber, es de 2008, y en su artículo 24 dice:
Artículo 24. Programación de entretenimiento.
La Corporación RTVE presentará una oferta programática destinada al entretenimiento de calidad para todos los ciudadanos. Esta programación no podrá entrar en contradicción, en ningún caso, con los objetivos generales y las definiciones básicas que deben regir la actividad de servicio público de RTVE.
Además, que el propio artículo 10 del mismo Mandato-marco establece los principios de independencia, neutralidad, pluralismo, imparcialidad y rigor que deben orientar la actividad de RTVE.
Por tanto, tenemos a un responsable institucional de que todo esto se cumpla, que es la Corporación de RTVE; tenemos a la Dirección y responsables de programación, que organizan y supervisan los contenidos dentro del marco de competencias establecidos; y, finalmente, a los presentadores y equipo de producción, quienes adoptan decisiones editoriales y de realización.
CONCLUSIÓN
Por terminar, os remitiría al Manual de Estilo de RTVE, de los que los apartados 1.1.5 y 1.1.6 son interesantes para la cuestión objeto de debate y desuello de esta semana, pero como no es norma aunque sí una fuente relevante de criterios profesionales internos, ahí no me meto.
Recordad: para las oposiciones lo único importante es la vocación de servicio público y lo que establecen las normas, todo lo demás es ruido.
Posdata: Estamos ante una participación más, de un político más, en un programa más de entretenimiento. ¿Hubiera pasado todo esto en la privada? Me contestáis después de aprobar.
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